Este término se refiere al hecho de
condicionar la percepción de ayudas directas al cumplimiento de
los requisitos medioambientales y de salud humana y animal. Deriva de
la reforma intermedia de la Política Agraria Común, aprobada en junio de 2003. La condicionalidad
concierne a todos los subsectores agrarios que perciban ayudas directas
como la del plátano, las ayudas derivadas de Poseican o las propias
del ganado. Por lo tanto, se aplica tanto a los agricultores y ganaderos
como a las unidades de transformación y los empaquetados.
La condicionalidad está compuesta por dos grupos muy amplios de requisitos: los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales.
Los requisitos legales de gestión consisten en 19 normativas europeas, normas que en su mayoría preexistían antes del año 1999. Son de contenido muy variado; 5 afectan a la protección del medio ambiente, las otras 14 se centran en la salud pública y el bienestar animal… Estos requisitos son comunes a todos los Estados miembros.
Las buenas condiciones agrarias y medioambientales (RD 2352/2004) tienen como objetivo el mantenimiento de las tierras en buenas condiciones agronómicas y contemplan específicamente los aspectos de la erosión, la estructura y materia orgánica de los suelos, así como el laboreo mínimo de las tierras.
La normativa comunitaria prevé sanciones según el grado observado de incumplimiento, siendo comunes a los dos grupos de requisitos.
Sanciones previstas en caso de incumplimiento de la condicionalidad:
| Caso de negligencia |
Reducción máxima de
5% de la ayuda |
| Repetición de la negligencia | Reducción de 15% |
| Incumplimiento deliberado | Superior a 20% |
| Hasta… | Exclusión total de uno o varios regímenes de ayuda durante uno o varios años naturales |
